La caída de Melitón Lozano Pérez de la Secretaría de Educación Pública impacta de manera directa en la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, debido a la investigación que ha comenzado la Función Pública de la gestión del otrora aspirante a la gobernatura.
De acuerdo con fuentes al interior de la Secretaría de Gobierno, en cuya dirección general se está analizando el impacto político de la renuncia, la investigación que en estos momentos hace la Función Pública solo es el inicio de un proceso largo, pues se intenta que cada irregularidad detectada se transforme en un delito penal. A causa de ello, el sindicato está presionado.
Las mismas fuentes advierten que personal de la secretaría de Gobierno le está solicitando información al actual secretario general de la sección 51, Jaime Roque García, sobre las nóminas de los docentes en el estado y detalles del estatus de dos carteras específicas: Finanzas y el Fondo de Ahorro.
Si bien solo el sindicado puede auditar sus propios fondos, cuentas y gestiones, la presión política sobre Roque García radica en la causa penal detrás de la investigación. Una causa penal, detalla la fuente de Gobernación estatal, obliga a cualquier sindicado a abrir sus libros contables.
En consecuencia, detalla la fuente de la Dirección General de Gobierno, el actual secretario general tendrá que mandar esa información y, en caso de que la investigación prosiga, seguir el procedimiento penal correspondiente.
Aunque la información de las cuentas del sindicato están ocultas en lo general para la SEP, no así para la Unidad de Inteligencia Financiera que, bajo la investigación de una causa penal, proseguiría en la persecución del delito. Esa es la ruta jurídica que se le está presentado al secretario general de la sección 51 y que, aseguran, ha comenzado a facilitar información.
Los titulares de las carteras Dinorah García Hernández y Felipe Neri Morán, del Fondo de Ahorro y Finanzas, respectivamente, están en el ojo del huracán, justo por ello. Para incrementar la sospecha de su culpabilidad en el desfalco de los recursos de los maestros, ambos han exhibido gastos que exceden a sus nóminas mensuales.
En cualquier otro momento, una campaña excesiva al interior del SNTE no habría llevado mayor investigación, pero la caída de Lozano Pérez ha provocado esta cacería de brujas que se extiende hacia el manejo de las secretarias del Fondo de Ahorro y de Finanzas.
La fuente de la Secretaría de Gobierno detalla que el sindicato solo protege hasta cierto nivel la secrecía de sus cuentas, pero ante investigaciones penales vinculadas con desfalco o desvío, los libros pueden abrirse; máxime si los líderes de estas carteras exhiben sus gastos onerosos. “Date cuenta que es un caso político.
Todos piensan que nadie puede auditar al SNTE o a sus integrantes, pero fue lo mismo que en su momento la maestra Elba Esther Gordillo pensó y fueron sus gastos excesivos los que le llevaron a prisión. Gobernación estatal lo sabe y piensa seguir esa ruta ahora que Melitón Lozano ha caído, pues la información de inteligencia gubernamental apunta a que él hizo acuerdos con Dinorah y Felipe”, detalla la fuente anónima que por obviedad pidió el anonimato.
La salida del secretario de Educación Pública se dio en un contexto de castigo político. El gobernador Luis Miguel Barbosa externó en la conferencia de medios del lunes su animadversión con el hoy extitular de la SEP. Otros secretarios despedidos también han sido investigados y llevados a prisión.
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